A continuación, cedo la palabra al licenciado Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México. Si nos hace el honor.

- ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN: Doctor Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público;

Doctor Arturo Herrera, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

Ingeniero Adalberto Palma, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

Ingeniero Marcos Martínez, Presidente saliente de la Asociación de Bancos de México;

Licenciado Luis Niño de Rivera, Presidente entrante de la Asociación de Bancos de México;

Muy distinguidos miembros del presídium;

Señoras y señores:

Me da mucho gusto participar en esta octagésima Segunda Convención Bancaria, este encuentro constituye una magnífica oportunidad para afinar una agenda de colaboración entre las autoridades reguladores y los participantes del sector financiero.

Quiero centrar mi intervención en tres aspectos: Uno, la lógica y el propósito del mandato del Banco de México y la importancia de su autonomía, de la cual en este 2019 se cumplen 25 años; dos, el contexto y el comportamiento reciente de la inflación, y tres, algunas de las principales oportunidades y retos que enfrenta el sistema financiero.

Los bancos centrales tienen la misión principal de dotar de dinero fiduciario a sus economías, al contar la facultad exclusiva de emitir billetes y monedas, las tareas del Banco Central deben realizarse con extremada responsabilidad y prudencia, pues la funcionalidad del dinero fiduciario radica en la confianza que la población tiene en su efectividad como medio de pago, resguardo de valor y unidad de cuenta.

Cuando el público percibe que el dinero puede sufrir mermas significativas a su poder adquisitivo, ello propicia un ambiente de inestabilidad y afecta considerablemente la actividad económica y el bienestar social.

De ahí la importancia de un entorno de estabilidad de precios que genere certidumbre para la planeación de los todos los participantes de la economía que permita dirigir los recursos de manera más eficiente, que promueva la inversión en proyectos productivos de largo plazo, con amplios beneficios sociales y que proteja el poder adquisitivo de los salarios.

Estas condiciones son un requisito indispensable para cualquier proceso de crecimiento económico sostenido. Por ello, los bancos centrales deben ser garantes de la estabilidad de precios y propiciar la confianza del público en el dinero fiduciario, lo cual se logra cuando estos cuentan con objetivos claros, verificables y ligados a sus posibilidades.

A finales del siglo pasado, múltiples naciones que no contaban con un marco adecuado para la actividad del Banco Central intentaron utilizar la política monetaria como un instrumento directo de promoción del crecimiento, desatando costosos episodios inflacionarios y de retroceso económico, por ello se llegó a una conclusión clara sobre las posibilidades y límites de la política monetaria. Tanto la experiencia histórica como la evidencia empírica demuestran de manera fehaciente que la política monetaria influye en la trayectoria de la inflación de largo plazo, mientras que es claramente ineficaz para influir en el crecimiento y el empleo en el largo plazo.

Debido a lo anterior, desde las dos últimas décadas del siglo XX se extendió el consenso en torno a la importancia de mantener dentro del Estado una institución orientada, fundamentalmente, a procurar la estabilidad de precios con un mandato de largo plazo, y por ello numerosas naciones otorgaron autonomía a sus bancos centrales.

En México las altas y persistentes tasas de inflación que estuvieron estrechamente asociadas a los déficits públicos financiados con crédito del Banco Central y que afectaron significativamente el crecimiento económico y el bienestar de la población también llevaron a separar con una base constitucional y legal firme la creación de dinero de otras funciones del gobierno que enfrentan demandas permanentes para aumentar el gasto.

Así en 1993 se aprobó una reforma constitucional que a partir de 1994 brindó autonomía en su administración y funciones al Banco de México y estableció como su principal objetivo procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

La ley también señala dos funciones adicionales estrechamente relacionadas con su objetivo prioritario, que son promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Desde que entró en vigor la autonomía del Banco de México se ha consolidado una clara conciencia de que la transparencia y la rendición de cuentas son prácticas que van de la mano con la mayor independencia y que son indispensables para consolidar la credibilidad y mejorar la eficacia de las políticas de la institución.

Paralelamente en línea con una robusta evidencia académica, en los años 90 surgió un nuevo paradigma internacional en la conducción de la política monetaria, el denominado de objetivos de inflación, el cual se basa en tres elementos:

El establecimiento de una meta explícita de inflación, la divulgación de los métodos y procedimientos para alcanzarla, y estricta rendición de cuentas sobre los resultados.

El Banco de México adoptó formalmente este esquema a partir de 2001, y con base en una meta permanente para la inflación general de 3 por ciento, con un intervalo de variabilidad de más o menos 1 punto porcentual.

Esta meta va acompañada de una estrategia de comunicación que busca dar certeza y consolidarse como una guía de las expectativas de inflación de los agentes económicos.

Cuando el público conoce las metas y las estrategias del Banco Central y tiene una idea clara que reaccionará ante los choques que pudieran desviar de manera sostenida a la inflación de su objetivo sus expectativas tienden a estar alineadas a dicho objetivo.

Por eso es fundamental divulgar con amplitud y oportunidad los datos económicos y los análisis en los que el Banco de México basa su toma de decisiones; ello permite al público una mejor comprensión, seguimiento y evaluación de las acciones del Banco Central, lo que a su vez genera confianza respecto al cumplimiento de la meta.

A lo largo del año pasado, el Banco de México adoptó nuevas medidas de transparencia, en particular. Desde febrero del 2018 se publican en cada informe los pronósticos puntuales para la inflación promedio trimestral de los próximos ocho trimestres, con ellos, el público cuenta con una referencia explícita de la guía de las acciones de política monetaria.

Segundo, desde mayo del año pasado las minutas de las decisiones de política monetaria incluyen la identidad de los votantes y en caso de que exista algún disentimiento añade una explicación del mismo.

Y tercero, las minutas íntegras de las reuniones de la Junta de Gobierno en las que se adopta la decisión de política monetaria, se divulgarán tres años después de la reunión correspondiente, plazo menor al utilizado por la mayoría de los bancos centrales.

Adicionalmente, para propiciar una discusión más amplia sobre la normatividad en materia financiera que emite el Banco de México, se adoptó un mecanismo de consultas públicas abiertas, homogéneas y transparentes, en la que todos los agentes conocen con la misma oportunidad los borradores de disposiciones y pueden comentarlos bajo un proceso público.

Ello favorece la participación y enriquece el criterio de la autoridad en la generación de normas bajo un principio de piso parejo.

En los últimos años, la política monetaria ha operado en un ambiente parejo. Desde 2014 la economía mexicana ha enfrentado una serie de choques adversos e incertidumbre, que han implicado una reducción de las fuentes de financiamiento externo. Los choques han sido de tal magnitud que los flujos de recursos financieros provenientes del exterior pasaron de representar 4.1 por ciento del producto en promedio entre 2013 y 2014, a solo 1.3 por ciento en promedio entre 2015 y 2018.

Por un lado, se ha experimentado una caída drástica en los precios del petróleo desde mediados de 2014, y adicionalmente la plataforma de producción de este energético se ha venido reduciendo considerablemente. Ello propició un cambio radical en la balanza comercial petrolera, que desde que se lleva registro en 1993 había sido superavitaria y que a partir de 2015 pasó a ser deficitaria, alcanzando al cierre de 2018 un déficit de más de 23 mil millones de dólares.

Por otro lado, después de que las economías avanzadas adoptaron el ciclo de estímulos monetarios más significativo y prolongado de la historia, el proceso de normalización ha tenido repercusiones sobre los mercados financieros internacionales y ha disminuido la disponibilidad de recursos para las economías emergentes.

También las dudas sobre el futuro del esquema de intercambio comercial de México con Estados Unidos y Canadá afectaron considerablemente las expectativas sobre la sustentabilidad de las cuentas externas de nuestro país.

El ajuste de la economía ante este entorno ha requerido de un menor déficit en la cuenta corriente congruente con la menor disponibilidad de recursos externos; no obstante, considerando el importante deterioro de la balanza comercial petrolera se requería de un ajuste mucho mayor de la balanza no petrolera.

De hecho desde que se tiene registro en 2017 y 2018 es la primera vez que la balanza comercial no petrolera registra un superávit de manera consecutiva en dos años.

Para que las cuentas externas pudieran tener ese ajuste era necesario una considerable depreciación del tipo de cambio real bilateral respecto al dólar estadounidense, que entre noviembre de 2014 y su punto más alto en enero de 2017 fue una depreciación del 50 por ciento, y que al cierre del año pasado fue de 33 por ciento.

Para evaluar la magnitud del ajuste del tipo de cambio real que se ha presentado en los últimos años baste considerar que ajustes similares sólo se han presentado en 1982, 1987 y 1995; ello hace patente la dimensión del reto que implicaba lograr que la economía tuviera un ajuste ordenado, que facilitara un cambio significativo en precios relativos evitando efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios y en el que se conservaran condiciones de crecimiento.

La respuesta macroeconómica requirió de un ajuste en la postura de política monetaria y una mejoría en la postura de finanzas públicas; en particular, las medidas de política monetaria contribuyeron al anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, así como incentivar un mayor ahorro interno.

En el último trimestre de 2018, a los choques externos ya mencionados se sumaron elementos de incertidumbre interna relacionados en parte con el anuncio de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y los retos que enfrenta PEMEX. Ello produjo volatilidad en los mercados y un ajuste del tipo de cambio, un aumento en las primas de riesgo e inclusive un cambio de perspectiva, de estable a negativa de la deuda soberana mexicana por parte de varias calificadoras.

No obstante, la volatilidad de los mercados financieros nacionales ha disminuido desde finales del año pasado y en 2019.

Ello en respuesta, tanto a factores externos, en particular la expectativa de menores aumentos en las tasas de interés en Estados Unidos y el debilitamiento del dólar, como a factores internos, como la aprobación del paquete económico con una meta superávit primario de uno por ciento del PIB para este año.

Por lo que se refiere a la inflación, si bien esta alcanzó 6.77 % al cierre de 2017, su nivel más elevado desde mayo de 2001, la postura de política monetaria ha propiciado que a febrero de 2019 la inflación haya descendido a 3.94 % y la subyacente a 3.54%.

Estos niveles son similares a la trayectoria pronosticada por el Banco de México, tanto en noviembre de 2018 como en febrero de este año, la cual considera que la inflación converja a su meta en el primer semestre de 2020.

El entorno descrito muestra que la economía mexica ha estado sujeta a importantes choques y cambios estructurales, que hacen que en la evaluación de las presiones inflacionarias sea necesario incorporar no solo las asociadas a la posición cíclica de la economía, sino también las que se derivan de los factores adversos externos e internos que hemos enfrentado.

Ahora permítanme referirme a las otras funciones que se encomiendan al Banco de México y que resultan cruciales para la economía, como es promover el sano desarrollo del sistema financiero y fomentar un buen funcionamiento del sistema de pagos.

En esta ocasión la Convención Bancaria ha adoptado el título, muy acertado, de “Una Visión de Futuro”. Creo que en ninguna actividad económica como la financiera se observa una necesidad tan apremiante de desplegar una visión de futuro, un análisis prospectivo que nos permita aprovechar las oportunidades y afrontar los retos del cambio tecnológico.

El acceso a las nuevas tecnologías brinda una ocasión única para transformar los sistemas financieros y los sistemas de pagos, agilizando operaciones, diseñando nuevos productos, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y ampliando la cobertura de los servicios financieros a cada vez más sectores de la población.

Ello puede contribuir a liberar el potencial de los individuos, generar mayor igualdad de oportunidades y mejorar las condiciones de desarrollo para millones de mexicanos.

Sin embargo, estas grandes oportunidades no están exentas de retos de consideración, y ya el Subsecretario los destacaba, los cuales van desde los cada vez más complejos delitos cibernéticos hasta consecuencias no deseadas y riesgos asociados a la aplicación de algunas de estas tecnologías.

En este entorno de oportunidades y desafíos inéditos el Banco de México tiene al usuario en el centro de nuestros esfuerzos.

Al respecto, las autoridades financieras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México y los intermediarios, en particular la ABM, tenemos una agenda compartida como se manifestó el 8 de enero pasado al anunciar varias medidas para impulsar el desarrollo del sistema financiero y una mayor inclusión, así como el mejor desempeño del sistema de pagos.

Por un lado, a fin de mejorar el funcionamiento del sistema de pagos y beneficiar a millones de usuarios que actualmente no tienen acceso al sector financiero se anunció el desarrollo de la plataforma denominada “Cobro Digital”, CoDi.

Esta plataforma mediante la utilización de códigos QR permitirá a los usuarios hacer transferencias electrónicas a través de teléfonos inteligentes todos los días del año y a cualquier hora desde una cuenta bancaria.

Esta plataforma se está concentrando como una extensión del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario, SPEI, que constituye el mecanismo transaccional más importante del país y el cual a diferencia de otras naciones funciona las 24 horas de todos los días del año y realiza los pagos de manera inmediata.

El CoDi avanza conforme a lo programado y ya hay seis instituciones en el piloto de pruebas técnicas. Y para el último día de septiembre será obligatorio para todos los bancos con más de 3 mil cuentas estar operando en esta plataforma.

La entrada en vigor de CoDi tendrá un efecto positivo para el usuario para el sistema financiero, por un lado, el usuario a la vez que podrá agilizar pagos, abatir costos y maximizar la seguridad de sus operaciones también podrá familiarizarse con el sistema financiero y dar el primer paso para acceder a otros servicios que mejoren su bienestar.

Por otro lado, si consideramos que el número de personas con teléfonos inteligentes es prácticamente el doble del número de personas que tienen una cuenta bancaria, es muy claro que el desarrollo de CoDi puede tener un gran impacto sobre la inclusión e incorporar a un nuevo universo de clientes potenciales al sector financiero.

Adicionalmente, la utilización de CoDi puede apoyar objetivos de gran importancia social al limitar los riesgos de seguridad o las posibilidades de corrupción o actividades ilícitas, inclusive, puede ser un vehículo útil para la dispersión de programas sociales en sitios con poca penetración financiera.

Para que las nuevas tecnologías y modelo de negocios en el ámbito financiero redunden efectivamente en provecho del usuario se requiere de un trabajo cuidadoso y prudente de diseño normativo.

Al respecto, el Banco de México publicó diversas disposiciones relativas a la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Por un lado, y en sintonía con lo establecido en otras economías, el Banco de México considera conveniente mantener una sana distancia entre los activos virtuales y el sistema financiero, dados los riesgos que estos entrañan para el usuario, las instituciones y el sistema en su conjunto.

Sin embargo, también es de nuestro interés permitir el uso de nuevas tecnologías tendientes a mayor eficiencia, por eso, se emitieron disposiciones que norman la operación de activos virtuales dentro el sistema financiero, que están asociadas a las operaciones internas que realicen las instituciones, sin implicar una exposición directa a los clientes.

Igualmente se publicaron los requisitos que deben cumplir las personas morales que, bajo el esquema de modelos novedosos obtenga las autorizaciones para ofrecer diversos servicios.

En la visión de futuro a la que nos convoca el título de esta Convención, el otro gran reto es evaluar más adecuadamente los riesgos financieros relacionados con el medio ambiente. Los riesgos ambientales no solo son un fenómeno que daña las posibilidades de crecimiento y el bienestar de los países, sino que plantean desafíos específicos para los intermediarios financieros. En efecto, la mala evaluación de dichos riesgos puede traducirse en riesgos de crédito, capaces de afectar el patrimonio y la estabilidad de las instituciones y el sistema.

En el Banco de México estamos conscientes de estos retos y de la necesidad de contar con metodologías y criterios más uniformes para evaluar el riesgo ambiental, así como promover instrumentos de inversión sustentable que contribuyan a una mejor asignación de recursos en la economía.

En suma, los intermediarios y autoridades debemos trabajar con una comunicación y coordinación continua para aprovechar la tecnología en favor de una mayor inclusión financiera, fortalecer los esquemas de ciberseguridad, acompasar la regulación con la evolución de los productos financieros y los modelos de negocio, y promover la incorporación de los riesgos ambientales en las decisiones de financiamiento e inversión.

Al respecto, la Asociación de Bancos de México se ha constituido históricamente como un interlocutor sólido y profesional, con el que se han alcanzado acuerdos y compromisos de largo plazo.

Aprovecho esta tribuna para agradecer profundamente la colaboración del presidente saliente, Marcos Martínez, y le deseo el mayor de los éxitos al presidente entrante, Luis Niño de Rivera.

Estoy seguro de que mantendremos una cooperación amplia y efectiva.

Señoras y señores, en un entorno global marcado por cambios profundos y perspectivas inciertas, para los bancos centrales es imprescindible perseverar en mantener una inflación baja y estable como base para el éxito de cualquier estratégica económica.

En nuestro país, los logros en esta materia van de la mano con el estatuto de autonomía constitucional con el que cuenta el Banco de México. Esta condición que tanto tiempo y esfuerzo ha costado consolidar, es un requisito fundamental para el crecimiento y debe considerarse un preciado bien público.

Además es necesario adoptar con prudencia y responsabilidad nuevas herramientas y tecnologías que permitan alcanzar metas pendientes, en nuestro caso indica incluir de manera segura, sostenible y sustentable a cada vez más sectores de la población en los beneficios del sistema financiero.

Muchas gracias.

- MODERADOR: Muchísimas gracias, Gobernador.

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