Versión estenográfica Acapulco, Gro., 8 de abril de 2011.
Doctor Agustín Carstens Carstens, Gobernador del Banco de México; ingeniero Ignacio Deschamps González, Presidente de la Asociación de Bancos de México; licenciado Luis Robles Miaja, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México; licenciado Jaime Ruiz Sacristán, Presidente entrante de la Asociación de Bancos de México; señoras y señores:
Antes de iniciar mi exposición, quiero agradecer a la Asociación de Bancos de México, su amable invitación para participar en esta Septuagésima Cuarta Convención Bancaria.
Asimismo, quiero expresar mi reconocimiento al trabajo realizado por el ingeniero Ignacio Deschamps González, y el licenciado Luis Robles Miaja al frente de la Asociación, en un período en el que el rol de las instituciones bancarias y las autoridades financieras para promover el desarrollo y el bienestar del país, cobra particular importancia, tal como lo señala el tema de esta Convención.
Este fue un período complicado, en el que, sin embargo, en México logramos avances significativos en temas trascendentes, como son haber puesto en marcha nuevos y modernos regímenes para la constitución de reservas por el riesgo de crédito, el establecimiento de corresponsales bancarios, la regulación que hace factible la oferta de servicios financieros a través de teléfonos móviles, la mejora en los controles de las transacciones bancarias con dólares en efectivo y el nuevo régimen regulatorio para limitar el tamaño de las operaciones con personas relacionadas relevantes.
El diálogo entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación de Bancos de México durante estos dos años, se caracterizó por ser franco y por privilegiar los aspectos técnicos, siempre con el objetivo común de fortalecer al sistema bancario y fortalecer su sano desempeño.
Tanto Nacho como Luis mostraron una enorme entrega, dedicando largas horas de trabajo arduo a la consecución de acuerdos que permitieran concluir exitosamente cada uno de los temas de la agenda compartida entre las autoridades y el gremio bancario, actitud que hace patente su compromiso personal con el progreso del sistema bancario mexicano.
Gracias, Nacho; gracias, Luis por el apoyo recibido.
Confío en que bajo el liderazgo de Jaime Ruiz Sacristán, el diálogo franco que hemos sostenido las autoridades y el sector bancario, no sólo continuará enriqueciéndose, sino que se fortalecerá a través de una comunicación abierta, fluida y centrada en aspectos técnicos y sustantivos, lo que nos permitirá unificar esfuerzos para impulsar un desarrollo ordenado e incluyente del sistema bancario.
Quisiera comenzar mi intervención, citando la descripción que hace el profesor Rayan, de la Universidad de Chicago, sobre la importancia del sistema financiero.
El sector financiero es, en muchos sentidos, el cerebro de una economía moderna; cuando funciona bien, asigna recursos y riesgos de manera eficiente, y por ende, estimula el crecimiento económico, al tiempo que hacen nuestras vidas más fáciles, seguras y plenas.
Amplía oportunidades y ataca privilegios, funciona para todos nosotros. Éste es el sistema financiero al que aspiramos pertenecer quienes trabajamos en él. Sin embargo, cuando falla el sistema financiero, en particular el sistema bancario, genera incertidumbre, despoja a las familias de su patrimonio, elimina fuentes de empleo y compromete los recursos de varias generaciones.
Muestra de ello es la experiencia reciente en Estados Unidos y Europa. Ante el inminente colapso del sistema bancario en varios países, sus gobiernos se vieron en la necesidad de intervenir, utilizando vastos recursos públicos en aras de restaurar la operación ordenada de dichos sistemas y evitar un descalabro mayor.
El costo monetario de los programas de estabilización y apoyo a los sistemas financieros fue considerable; por ejemplo, en el caso de Estados Unidos fue equivalente al 13 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en Irlanda fue de alrededor del 48 por ciento. Pero también el costo indirecto fue significativo, el impacto de la crisis afectó a la evolución de la producción y al empleo a nivel global como ningún otro evento económico desde la década de los 30.
Entre las consecuencias que tendrán una larga secuela, destaca el incremento sustancial de la deuda pública en los países afectados por el efecto, conjunto de dos fenómenos: en primer lugar, un mayor gasto gubernamental asociado al costo de los programas de apoyo a los Sistemas Financieros y a la recuperación de la demanda agregada; y, en segundo, un menor nivel de ingresos fiscales, producto de la desaceleración económica.
En contraste, en el caso de México fue posible sobrellevar la crisis internacional sin que el sistema bancario registrara un impacto similar al observado en dichos países. En consecuencia, el Gobierno no tuvo que destinar recursos para el rescate de ninguna Institución, ya que no se presentaron casos de insolvencia bancaria y la actividad crediticia de los Bancos no sólo se mantuvo estable, sino que incluso mostró una tendencia positiva.
Lo anterior se explica en buena medida gracias a que nuestro sistema financiero cuenta con un marco regulatorio y un sistema de supervisión adecuados, aplicable por igual a instituciones bancarias de capital mexicano y a filiales de bancos del extranjero.
A raíz de las lecciones derivadas de esta crisis, las autoridades financieras de alrededor del mundo coincidieron en la necesidad de impulsar profundas reformas en la Normatividad Aplicable y sus jurisdicciones, con la intención de prevenir nuevas crisis, como la experimentada en los últimos años. Y en caso de que se presenten, fortalecer la capacidad de los bancos para hacerles frente y evitar que sean los contribuyentes quienes cubran los costos de las pérdidas en que incurran los intermediarios financieros.
De igual manera, existe un consenso a nivel global acerca de que la instrumentación aislada de dichas reformas en distintos países, fomentaría el arbitraje regulatorio, lo que lejos de fortalecer al sistema financiero internacional lo haría aún más vulnerable.
Con esto en mente, se transformó el Financial Stability Forum en el Financial Stability Board, FSB, o Consejo de Estabilidad Financiera, con el mandato de coordinar el trabajo de las autoridades financieras nacionales desde un punto de vista multilateral, a fin de promover la implementación de una regulación y supervisión efectivas en los países miembros.
Asimismo, para impulsar el diseño de los nuevos lineamientos de carácter realmente global, se reconstituyó la integración de los organismos que fijan los estándares internacionales y su estructura se amplió para permitir la incorporación de nuevos miembros, es así que México ahora está representado en el FSB y forma parte del Comité de Basilea para la intervención bancaria.
Las autoridades financieras mexicanas participan de manera directa y activa en los foros internacionales, en los que se están definiendo los principios que regirán las mejores prácticas en materia de regulación y supervisión. Esta partición resulta muy positiva, porque, en primer término, se trata de un mecanismo para aprender de las experiencias de otros países, con el objeto de aprovechar estos conocimientos y prevenir que se presente en nuestro país una crisis similar a la observada a nivel internacional.
En segundo lugar, porque es una herramienta para incorporar las lecciones derivadas de la crisis mexicana de 1994, tanto al debate como a las recomendaciones internacionales. Y finalmente, porque es un medio para garantizar que el nuevo marco normativo internacional tome en cuenta los intereses de las economías emergentes con sistemas financieros abiertos a la inversión extranjera directa, como es el caso de México.
A continuación haré referencia a la evolución que han seguido los nuevos principios y mejores prácticas de la regulación y supervisión bancaria, con énfasis en los acuerdos logrados en el ámbito internacional y en especial en aquellos logrados en el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria y el FSB.
Posteriormente, detallaré la situación actual que guarda el marco regulatorio en México frente a los aspectos analizados por los organismos internacionales y comentaré el posible impacto que tendrá la implementación de los Acuerdos Globales sobre el sistema bancario del país.
Para facilitar la exposición he agrupado los principales Acuerdos de Reforma al marco normativo internacional, alrededor de cuatro grandes temas, que son los siguientes: imponer un mayor requerimiento de capital a las instituciones bancarias y fijar un límite de apalancamiento; complementar las actividades tradicionales de supervisión con un enfoque macro prudencial y medidas para reducir la prociclicidad del sistema bancario; desarrollar normas de liquidez para bancos y finalmente, fortalecer la intensidad de la supervisión y procurar que los bancos estén sujetos a una mayor disciplina de mercado.
El primer tema que expondré se refiere a los requerimientos de capitalización de la Banca. Al respecto, el capital permite absorber pérdidas incurridas en el transcurso del negocio bancario, generando incentivos para evitar una toma excesiva de riesgos por parte de las instituciones.
Lograr un balance adecuado entre los niveles de capital y los riesgos en que incurre cada banco es de gran relevancia, dado que, por un lado, acumular niveles excesivos de capital puede ocasionar disminuciones no deseables en la oferta de crédito, y por el otro, permitir la toma de riesgos con fondos de depositantes, y sin una participación suficiente de los accionistas del Banco, incite el financiamiento de actividades con alta probabilidad de fracaso, lo que vulnera la estabilidad del sistema en su conjunto.
En cambio, una regla de capitalización adecuada, alinea los costos y beneficios de las decisiones crediticias de los bancos con los intereses de la sociedad.
En línea con este objetivo, el paquete de reformas propone incrementar los requisitos de capital para las instituciones bancarias, tanto en términos de cantidad, como de su calidad.
Así, el cambio más profundo en el paquete de reformas establece un incremento de 3.5 veces en el índice mínimo de capital fundamental, pasando de un índice de 2 por ciento, a uno de 7 por ciento.
El capital fundamental se define como el instrumento más subordinado en la estructura de financiamiento de los bancos y resulta, por ende, el más adecuado para absorber pérdidas en un escenario de crisis.
Asimismo, el índice mínimo de capital básico, pasa de 4 por ciento a 8.5 por ciento, mientras que el índice total se incrementa de 8 por ciento a 10.5 por ciento.
Es evidente el énfasis de la reforma en el incremento de capital, en particular en el de alta calidad.
Aunado a lo anterior, y como consecuencia de haber observado el colapso de algunas instituciones que en estricto sentido cumplían con los requisitos establecidos bajo la norma de Basilea II, Basilea III incorpora otras dos medidas significativas.
En primer lugar, se implementaron sustancialmente los ponderadores de riesgos para las actividades en derivados y bursatilizaciones complejas. Ante la evidencia de que los ponderadores vigentes promovieron una toma excesiva de riesgo en dichas actividades.
En segundo lugar, algunos conceptos que antes sí eran aceptados como parte del capital se eliminaron de la definición de capital regulatorio.
Al combinar los tres cambios mencionados, esto es mayores requerimientos de capital de alta calidad, ajustes a los componentes incluidos en la definición de capital, e incremento en la ponderación de riesgos para algunas operaciones, el esquema de Basilea III es sustancialmente más estricto que el de Basilea II, y en consecuencia, su aplicación ocasionará disminuciones significativas en los índices de capital de varios sistemas bancarios alrededor del mundo.
Al respecto, la aplicación inmediata de las nuevas reglas ocasionaría la disminución promedio de 41 por ciento en el índice de capitalización fundamental para bancos con capital mayor a 3 mil millones de euros y una caída de 25 por ciento para bancos de menor tamaño.
Dentro de estos promedios, existen casos de grandes bancos internacionales que habrían visto caídas en sus índices de capitalización de más del 75 por ciento. En contraste, en el Sistema Bancario Mexicano, el efecto en el capital fundamental será prácticamente imperceptible. Esto se debe a que las reglas adoptadas recientemente por la comunidad internacional son, en términos conceptuales, muy parecidas a las instrumentadas por México como respuesta a la crisis de 1994.
Algo similar ocurre con los índices de capitalización básico y total. En estos casos se espera que la implementación de Basilea III genere una disminución de menos de dos puntos porcentuales en el índice y capitalización básico, y de alrededor de tres puntos porcentuales en el índice de capitalización total para el sistema bancario mexicano en su conjunto, mientras que a nivel internacional el impacto esperado es mucho mayor.
En síntesis, los bancos en México ya cuentan con índices de capital muy por encima del nuevo mínimo regulatorio propuesto a nivel global. Aprovechando esta fortaleza, y con el objetivo de ratificar la solidez de nuestro sistema bancario, como ya lo anunció el Secretario de Hacienda durante su intervención el día de ayer, México adoptará las medidas de capitalización acordadas por el Comité de Basilea durante el 2012; es decir, con más de seis años de anticipación a la fecha límite del primero de enero de 2019, que fue establecida en los Acuerdos internacionales.
Al respecto, es importante mencionar que la adopción temprana de los nuevos requerimientos de capital contemplarán la transición de 10 años establecida en el paquete para las emisiones de deuda subordinada, y se fundamenta en la capacidad de las instituciones bancarias para implementar los cambios sin un impacto sobre la actividad crediticia.
Las reformas al marco normativo que he mencionado hasta ahora, buscan fortalecer los requerimientos de capital basados en riesgos; sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier esquema de capitalización ponderado por riesgo, es susceptible de ser vulnerado en la medida que algunos riesgos no estén bien calibrados dentro de las Reglas.
La crisis financiera evidenció que esto sucedió en el marco del Acuerdo de Basilea II, en particular en lo referente a los riesgos por operaciones derivadas y en créditos hipotecarios. Varias instituciones internacionales llegaron a operar con niveles de apalancamiento de más de 40 veces respecto de su capital básico. Como una medida precautoria entre la posibilidad de una calibración inadecuada de algunos riesgos en la red de capitalización, lo que a su vez promovió una accesible exposición a dichos riesgos, se acordó establecer un límite absoluto de apalancamiento, de tal suerte que el activo de los bancos no podrá ser mayor a 33 veces su capital básico. Esta medida pretende funcionar como un esquema de seguridad alternativa que evite los excesos de los que fuimos testigos durante los años previos a la crisis.
En el caso de México, los actuales niveles de deuda bancaria respecto de los activos de las Instituciones se encuentran muy por debajo del nuevo límite propuesto en el ámbito internacional; por lo tanto, al igual que en el caso de los nuevos requerimientos de capital, esta regla también será adoptada durante el 2012, es decir, con más de 5 años de anticipación frente a lo estipulado en los Acuerdos Internacionales.
En segundo término, quisiera hacer referencia a los acuerdos alcanzados en relación a la necesidad de complementar con un enfoque prudencial y con medidas que reduzcan que la prociclicidad del sistema financiero, las actividades de supervisión que se realizan tradicionalmente.
Uno de los principales motivos que originan una crisis sistémica es la tendencia a subevaluar los riesgos en épocas de bonanza, los efectos de dicha subevaluación resultan particularmente perniciosos cuando los intermediarios participantes en el mercado instrumentan estrategias de toma de riesgos similares.
Lo que puede ser una estrategia razonable, desde el punto de vista de un intermediario en lo particular, se convierte en una estrategia altamente riesgosa, tanto para dicho intermediario como para el sistema en su conjunto, cuando la mayoría de los participantes actúan de la misma manera en una especie de efecto manada.
Por ello, resulta necesario que los supervisores complementen sus actividades de supervisión tradicionales, con el monitoreo de la acumulación de riesgos comunes entre los participantes del mercado, así como con el conocimiento de las interconexiones entre los distintos intermediarios a través de los cuales los riesgos se puede propagar.
Esta no es una tarea fácil, en particular cuando la acumulación de riesgos es consecuencia de la realización de actividades novedosas y complejas en los mercados financieros.
En línea con los acuerdos tomados en el seno del FSB, y reconociendo la importancia de aplicar un enfoque macroprudencial que complemente las actividades tradicionales de supervisión y regulación, el 28 de julio de 2010 se firmó en México el Decreto para la creación del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. El Consejo tiene como mandato procurar la estabilidad del sistema financiero mexicano, y entre sus objetivos fundamentales destacan el lograr una mayor coordinación entre las distintas autoridades financieras nacionales; identificar situaciones que puedan poner en peligro el funcionamiento adecuado del sistema, así como proponer políticas y soluciones para mitigar posibles riesgos sistémicos.
A ocho meses de su creación, y en cumplimiento de su mandato, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero publicó su primer reporte sobre la situación del sistema y sobre las actividades realizadas por el propio Consejo. La elaboración y publicación de este reporte exigió la estrecha colaboración de las distintas autoridades financieras del país, y constituye un primer paso para poner en marcha mecanismos de supervisión con una perspectiva agregada, capaces de complementar las actividades individuales de cada autoridad y de fortalecer el blindaje del sistema financiero mexicano.
Para reforzar aún más esta nueva visión de supervisión macroprudencial, en los foros internacionales se tomó la decisión de imponer un cargo de capital anticíclico, esto es, de establecer un requerimiento de capital específico para moderar la magnitud de los ciclos de expansión y contracción crediticia que caractericen al sistema financiero.
El nuevo requerimiento de capital anticíclico que será de hasta 2 y medio por ciento de los activos ponderados por riesgo, se constituirán en períodos de expansión crediticia, cuando la percepción de riesgo asociada a la cartera es menor.
Posteriormente, durante los períodos de contracción del crédito, las instituciones podrán disponer de estos recursos para cubrir las pérdidas en que incurran. De este modo, el core de capital anticíclico induce un crecimiento prudente del crédito en la parte ascendente del ciclo económico y promueve un soporte adicional para asistir la parte descendente.
En nuestro país, pondremos especial énfasis en cuidar que la implementación de este cambio no impida que la originación de crédito se realice conforme a criterios adecuados, ni tenga un impacto negativo en cuanto al objetivo de lograr una mayor profundización de nuestro sistema financiero.
El tercer tema que abordaré el día de hoy se refiere al consenso internacional sobre la necesidad de complementar los indicadores de solvencia con reglas mínimas asociadas a la administración de liquidez de los Bancos.
Al respecto, la reciente crisis hizo patente que aún las instituciones cuya solvencia es adecuada, pueden enfrentar problemas de liquidez en escenarios de incertidumbre generalizada de los mercados y que estos problemas de liquidez pueden, más adelante, convertirse en problemas de solvencia o bien tener un efecto desestabilizador en el sistema de pagos.
Las reformas del Comité de Basilea en materia de liquidez, se basan en primer lugar en el fortalecimiento de los principios de Gobierno corporativo.
Estas adecuaciones se refieren a la participación de los Consejos de Administración de las Entidades en el establecimiento de criterios y políticas para determinar el riesgo de liquidez en que incurre cada institución, así como para definir su nivel de tolerancia.
Adicionalmente se requiere que las instituciones lleven a cabo pruebas de estrés de liquidez, que realicen proyecciones de flujo de efectivo para identificar posibles riesgos de forma anticipada, y que establezcan planes de fondeo contingente para responder en forma oportuna ante restricciones de fondeo en los mercados.
En segundo lugar, las reformas del Comité de Basilea proponen dos reglas: la primera, llamada razón de cobertura de liquidez, busca fomentar que los Bancos sean capaces de afrontar las salidas de efectivo que se presentarían en un escenario adverso; la segunda, conocida como razón de fondeo neto estable, busca crear incentivos para que las instituciones mantengan una estructura de fondeo que sea consistente con el perfil de vencimiento y la calidad de sus activos, a fin de evitar que se generen desequilibrios importantes en sus balances.
Si bien a nivel del sistema contamos con fuentes estables de fondeo, suficientemente amplias para financiar la totalidad de la cartera crediticia, hacia adelante podemos mencionar dos retos importantes: el primero de ellos es ampliar dichas fuentes de fondeo estable, al mismo ritmo al que se expande la cartera de crédito.
Para esto será necesario continuar la expansión de la infraestructura bancaria, aprovechando además las nuevas figuras establecidas en la normatividad, como los corresponsales bancarios y las cuentas bancarias que utilizan teléfonos móviles como medios de disposición.
El segundo reto es inducir a aquellos intermediarios que hoy dependen en exceso de mecanismos de fondeo mayorista y a corto plazo, para que realicen ajustes a su modelo de negocio, de tal suerte que amplíen su base de captación tradicional, o bien, alarguen los plazos a los que fondean sus operaciones en los mercados de deuda.
En el caso de las nuevas reglas de liquidez, México se apegará a los plazos de instrumentación establecidos en el Acuerdo del Comité de Basilea, lo que significa que si bien comenzaremos a medir los indicadores a partir del presente año, cumplir con la razón de cobertura de liquidez comenzará a ser exigible a partir de 2015, mientras que cumplir con la razón de fondeo neto estable lo será a partir del 2018.
Finalmente, el siguiente y último tema que me gustaría abordar, se refiere a la importancia de incrementar la disciplina de mercado a la que está sujeto el sector bancario, así como la importancia de mantener una estricta supervisión de las instituciones que participan en él.
Hasta ahora, a lo largo de mi participación, me he enfocado en las lecciones que la reciente crisis brindó para guiar la modernización del marco regulatorio y del enfoque de supervisión. Sin embargo, los incentivos derivados del correcto funcionamiento de los mercados financieros son cruciales para impulsar una administración prudente de las instituciones bancarias y son un complemento vital para el desarrollo ordenado del sistema financiero.
En línea con lo anterior, procurar una mayor disciplina de mercado es un objetivo prioritario dentro de los paquetes de ajustes al marco normativo que se discuten a nivel internacional.
Para lograrlo, se plantean básicamente dos líneas de acción: la primera, consiste en mejorar la revelación de información que versa sobre los riesgos a los que están expuestas las instituciones, así como sobre los mecanismos utilizados para controlarnos.
La segunda, gira en torno al diseño de medidas para mitigar el riesgo moral derivado de que las instituciones de importancia sistémica tienen expectativas de recibir apoyo gubernamental, ante una eventual situación de insolvencia.
En cuanto a la transparencia y la divulgación de información, la crisis financiera descubrió que los riesgos asumidos por los Bancos no estaban siendo debidamente revelados al mercado, lo que propiciaba a su vez, que otros participantes tomaran riesgos que de otra manera no habían tomado.
La falta de información oportuna y veraz se convirtió en un obstáculo que restringió el potencial de los mercados para convertirse en mecanismos de prevención. En contraste, una mayor disponibilidad y acceso a la información sobre las actividades y riesgos en que participan los intermediarios, tener una verdadera disciplina de mercado, lo que es de utilidad, no sólo para el mercado accionario, sino también para los mercados de deuda tanto de corto como de largo plazo.
Por lo que respecta a la transparencia, México ha puesto particular énfasis en fomentar la divulgación de información sobre las actividades que realizan las Instituciones Bancarias. A raíz de los cambios instrumentados recientemente en los requerimientos de información formulados a la Banca, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica de manera mensual información detallada de la evolución, desempeño y tasas de interés asociadas a la cartera crediticia, entre otros rubros relevantes de su operación.
Asimismo, se encuentra en preparación la publicación de información sobre riesgos asociados a la cartera de crédito. En este aspecto, la difusión de información sobre la actividad bancaria que se realiza en México destaca a nivel internacional tanto en cantidad como en calidad.
Por otra parte, una mayor disciplina de mercado no sólo requiere información suficiente y confiable, sino que también requiere contar con un marco creíble y sólido para hacer frente con oportunidad a los casos de insolvencia de instituciones bancarias.
En este sentido, resulta de gran relevancia incorporar al marco legal esquemas ágiles para las resoluciones bancarias, en los cuales se establezcan un plan de acción para actuar en forma clara y transparente ante posibles escenarios de insolvencia, tanto para el mercado como para las instituciones. Lo anterior genera certidumbre acerca de los principios que dan las acciones de las autoridades para responder a situaciones de estrés y para resolver la quiebra de alguna Institución, lo que permite contagios y mitigar el riesgo sistémico.
Por último, ya que he cubierto los principales cambios del marco regulatorio, es importante resaltar que por sí solos estos cambios no son suficientes para asegurar el buen desempeño de las entidades y prevenir crisis futuras, sino que es imprescindible fortalecer la supervisión, incrementar su efectividad y ajustar su intensidad y alcance en función de las condiciones prevalecientes en cada sistema financiero.
En este sentido, la magnitud del impacto de la crisis financiera sobre las instituciones bancarias que operan en jurisdicciones que, como la nuestra, cuenta con una supervisión de mayor intensidad, tendió a ser menor que en sus contrapartes alrededor del mundo.
En línea con lo anterior, el FSB ha señalado que instrumentar una supervisión más intensiva y efectiva de las entidades del sistema financiero debe ser una prioridad y en consecuencia, ha emitido una serie de recomendaciones al respecto, entre las que destacan las siguientes cuatro: en primera instancia, este Foro Internacional señala que es necesario fortalecer el mandato de los supervisores, incluyendo la facultad de intervenir en forma temprana y oportuna ante posibles riesgos para el sistema; como segundo punto, indica que también resulta necesario contar con flexibilidad suficiente para asignar los recursos de supervisión con base en los riesgos de las actividades y las entidades del sistema financiero.
En tercer lugar, apunta que si bien es importante enfatizar la supervisión hacia los principales riesgos de las entidades y el sistema, la intensidad de la supervisión no debe variar con base en la fase en que se encuentra el ciclo crediticio; esto es, se debe mantener una supervisión sólida a lo largo de todo el ciclo sin dejar de lado los criterios aplicables en periodos de expansión. Para alcanzar este objetivo resulta necesario lograr un diseño institucional adecuado, que permita al supervisor actuar libre de presiones inducidas por parte de los entes regulados.
Por último, en este y en otros foros globales se ha mencionado la importancia de que se implementen mejores técnicas de supervisión, en particular es importante que dichas técnicas evolucionen a la par de las actividades en las que se involucran las entidades para que permita lograr una comprensión detallada de los modelos de negocio, las operaciones y las potenciales vulnerabilidades de cada institución.
Aquí, después de estas reflexiones finales sobre la importancia de la supervisión y antes de concluir mi exposición, quiero aprovechar el momento para reconocer el trabajo realizado y la comisión por Patricio Bustamante, quien durante más de 16 años y con gran profesionalismo y entusiasmo fue pieza clave en la supervisión bancaria de nuestro país. Pato, mucho éxito y la mejor de las suertes en este nuevo reto que has decidido emprender.
Señoras y señores, las nuevas exigencias plasmadas en las tendencias y mejores prácticas del ámbito internacional requerirán de una estrecha colaboración entre autoridades e instituciones financieras; resulta de trascendental importancia mantener un entorno de estabilidad del sistema financiero para que éste pueda apoyar decididamente el crecimiento económico y el bienestar de las familias mexicanas.
Los exhorto a que juntos continuemos trabajando para hacer realidad un sistema financiero que haga nuestras vidas más fáciles, seguras y plenas, que amplíe oportunidades y ataque privilegios, que funcione para todos.
Buenos días y muchas gracias por su atención.
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